La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a analizar la legalidad de las leyes estatales que prohíben a atletas trans participar en equipos deportivos femeninos, al revisar las apelaciones presentadas por Idaho y Virginia Occidental contra resoluciones de tribunales inferiores que habían frenado dichas prohibiciones. El estudio del caso se da en un contexto de creciente impulso legislativo y político para restringir los derechos de las personas trans en distintos ámbitos del país.
Durante más de tres horas de audiencia, los jueces escucharon los argumentos de las demandas promovidas por Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria en Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, universitaria en Idaho. Ambas sostienen que las leyes estatales que impiden a personas trans competir en equipos femeninos son inconstitucionales y discriminatorias.
En el debate, al menos cinco de los seis jueces conservadores del tribunal consideraron que las normas estatales no violan la Constitución ni afectan las garantías del Título IX, la legislación federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por razón de sexo en instituciones educativas que reciben fondos públicos. La Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora de seis votos contra tres, mostró así una postura distinta a la de los tribunales inferiores, que habían fallado a favor de las estudiantes.
Aunque no se fijó una fecha para la resolución, el alto tribunal suele emitir sus decisiones en junio, antes del cierre del periodo judicial. El fallo tendría un impacto amplio, ya que podría afectar a todas las atletas trans que participan en deportes escolares y universitarios en Estados Unidos, así como a leyes similares vigentes en otros 25 estados.
El caso se enmarca en la política impulsada por la Administración del presidente Donald Trump contra las personas transgénero. Tras asumir nuevamente el poder en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que reconoce únicamente dos sexos, masculino y femenino, y ordena que los documentos oficiales consignen solo el sexo asignado al nacer, medida que generó rechazo y diversas impugnaciones legales.
Durante la audiencia, el gobierno federal argumentó que los estados deben organizar los equipos deportivos con base en el “sexo biológico”, al señalar la existencia de “diferencias biológicas reales entre hombres y mujeres”. En paralelo, Trump calificó como “increíble” que estos casos hayan llegado a la Corte Suprema y afirmó que se trata de una falta de respeto hacia las mujeres.
Las leyes de Idaho y Virginia Occidental establecen que los equipos deportivos de instituciones públicas, incluidas universidades, se definan según el sexo biológico y prohíben que estudiantes considerados de sexo masculino integren equipos femeninos. Los impugnadores sostienen que estas medidas violan la 14ª Enmienda de igualdad ante la ley y el Título IX al discriminar por sexo o condición de persona trans.