En un giro inesperado y significativo, la jueza Delia Rodrigo de Majadahonda (Madrid) ha decidido imputar al exfutbolista y empresario Gerard Piqué en la investigación de posibles ilegalidades en los contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este escándalo se centra en el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, por el cual Piqué habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros.
El auto dictado por la jueza Rodrigo señala que la investigación se ampliará a una quincena de personas, incluyendo al actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, y a Francisco Javier Alcaide, conocido como Nene, entre otros. Este grupo también incluye a varios directivos de la empresa Gruconsa, encargada de las obras del estadio sevillano de La Cartuja, y al exasesor jurídico de la RFEF, Tomás González Cueto.
La jueza también ha puesto en el centro de la investigación al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, evaluando posibles delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y un posible blanqueo de capitales en torno a diversos contratos de la federación.
El contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí, firmado en 2019 y prorrogado en 2020, establecía una «prima de éxito» para una «tercera parte agente», que resultó ser Piqué a través de su empresa Kosmos. Esta comisión de 4 millones de euros anuales se garantizaba a Kosmos, a pesar de que formalmente sería comisionista de la empresa saudí Sela. En el momento de la firma del contrato, Piqué aún jugaba para el FC Barcelona, equipo participante en la Supercopa, lo que añade un conflicto de interés.
En su rol como vicepresidente económico de la RFEF, Pedro Rocha tenía la responsabilidad de intervenir en la contratación con Arabia Saudí o de la comisión económica encargada de analizar las prórrogas del acuerdo. Sin embargo, la jueza señala que Rocha «al parecer» se abstuvo tanto de convocar a este órgano como de reclamar el expediente pertinente.
La investigación también examina un posible entramado societario que incluye a personal directivo de la RFEF, empleados y empresarios cercanos a Rubiales. La jueza ha identificado una posible «triangulación de fondos» entre la RFEF, la empresa Dismantec y Gruconsa. En particular, la RFEF habría contratado a Gruconsa «presuntamente a cambio» de pagos a Dismantec, administrada por Nene, amigo de Rubiales. Entre 2020 y 2022, la RFEF pagó 2,6 millones de euros a Gruconsa, la mayoría en 2021.
La investigación también se centra en las actividades empresariales de Francisco Javier Alcaide en España y la República Dominicana, sugiriendo que trató de ocultar el destino de los fondos recibidos de Gruconsa mediante Dismantec. Según la jueza, Rubiales estaba integrado en este entramado societario.
El papel de Tomás González Cueto, comisionado de control externo de la RFEF, también está bajo escrutinio. Su despacho recibió transferencias de Dismantec, que a su vez provenían de Gruconsa. La jueza observa una «discrecionalidad» en el uso de fondos federativos para el pago a terceros, y sospecha que la comisión económica de la RFEF, con González Cueto y Pedro Manuel González Segura, elaboró ofertas ficticias para adjudicar obras a Gruconsa, permitiendo así la inclusión de partidas injustificadas en las facturas destinadas a Nene.