El Gobierno británico anunció su disposición a tomar medidas legales con el objetivo de canalizar los fondos obtenidos por la venta del Chelsea Football Club hacia ayuda humanitaria en Ucrania. La operación, realizada en mayo de 2022 por un total de 2,500 millones de libras (aproximadamente 3,200 millones de dólares), sigue envuelta en un prolongado impasse legal y diplomático.
La venta del club se llevó a cabo tras la imposición de sanciones al empresario ruso Roman Abramovich, quien entonces era propietario del equipo. El motivo: su presunta cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin, en el contexto del inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Bajo la gestión de Abramovich, el Chelsea vivió uno de los periodos más exitosos de su historia, incluyendo dos títulos de la Liga de Campeones.
Previo a concretarse la venta al consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, Abramovich había declarado que los ingresos netos serían destinados a una fundación dedicada a “beneficiar a todas las víctimas de la guerra en Ucrania”. Sin embargo, a tres años del acuerdo, esos fondos permanecen congelados en una cuenta bancaria, sin haber sido transferidos a ningún organismo humanitario ni a los damnificados por el conflicto.
Los ministros británicos Rachel Reeves, titular del Tesoro, y David Lammy, secretario de Relaciones Exteriores, emitieron una declaración conjunta en la que manifestaron la postura oficial. “El gobierno está decidido a que las ganancias de la venta del Chelsea Football Club lleguen a causas humanitarias en Ucrania, tras la invasión ilegal a gran escala de Rusia. Estamos profundamente frustrados de que no haya sido posible llegar a un acuerdo sobre esto con el Sr. Abramovich hasta ahora”, indicaron.
Los funcionarios subrayaron que, aunque las negociaciones seguirán abiertas, se encuentran listos para iniciar un proceso judicial con tal de lograr el desbloqueo de los fondos. El objetivo, según el gobierno, es garantizar que el dinero llegue a quienes han sido afectados por el conflicto lo antes posible.
El capital producto de la transacción aún figura a nombre de Abramovich, aunque se encuentra bajo restricción legal. Su uso está condicionado por la emisión de una licencia de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, por sus siglas en inglés), sin la cual no puede ser movido ni invertido.
La medida se enmarca en la política británica de presión económica contra individuos identificados como aliados cercanos del Kremlin. Durante el anuncio de sanciones en 2022, la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, calificó a los afectados como “oligarcas y cleptócratas” vinculados a la maquinaria de agresión rusa.
La controversia sobre el destino de los fondos plantea un dilema complejo, donde convergen sanciones internacionales, regulaciones financieras y compromisos humanitarios. Mientras tanto, miles de ucranianos continúan enfrentando las consecuencias directas de un conflicto que no da señales de terminar.