La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha generado controversia tras imponer una sanción de seis años a la patinadora española Laura Barquero por consumo de Clostebol, mientras que el tenista italiano Jannik Sinner, al dar positivo por la misma sustancia, solo recibió una suspensión de tres meses. La discrepancia en las penas ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la equidad en las decisiones disciplinarias.
Según la AMA, la diferencia clave entre ambos casos radica en que la versión de Barquero sobre cómo la sustancia entró en su organismo no fue considerada convincente, mientras que en el caso de Sinner, la evidencia respaldó su explicación. La patinadora dio positivo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y nuevamente en enero de 2023 durante una prueba fuera de competición. Como resultado, la AMA firmó un acuerdo de resolución de caso con la atleta y la Unión Internacional de Patinaje, estableciendo su suspensión por seis años.
En contraste, Sinner argumentó que la contaminación accidental se debió a un masaje realizado por su entrenador, quien había utilizado la sustancia para tratar un corte en el dedo. La AMA aceptó esta justificación y retiró su apelación contra la decisión inicial de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), la cual había determinado que el jugador no tenía intención de hacer trampa.
Barquero, a través de sus redes sociales, manifestó su descontento con la sanción y la calificó de desproporcionada, señalando que puso fin a su carrera deportiva. Explicó que su positivo fue consecuencia de la contaminación por una crema utilizada para tratar heridas en la piel, disponible en Italia sin receta médica. Según la deportista, el simple contacto con una persona o un objeto que haya estado expuesto a la crema puede provocar un resultado positivo en las pruebas de dopaje.
Ante la controversia, la AMA aclaró que Barquero tenía la opción de rechazar el acuerdo y presentar su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero optó por aceptar la sanción. La situación ha reavivado el debate sobre la justicia en las decisiones antidopaje y la necesidad de revisar los criterios con los que se evalúan los casos de contaminación accidental en el deporte.