En una decisión que ha generado amplio debate, Sebastián Sosa, el portero uruguayo envuelto en un caso de presunto abuso sexual, ha sido puesto en libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos argentinos. La jueza a cargo del caso ha establecido una serie de «reglas de conducta» para el futbolista, quien será juzgado como partícipe secundario en el incidente ocurrido el 3 de marzo que involucra a cuatro jugadores de Vélez Sarsfield.
La jueza Eliana Gómez Moreira anunció que Sosa es el único de los cuatro acusados que quedó imputado, aunque la investigación continúa en curso. A pesar de quedar en libertad, Sosa no ha sido exonerado del caso y deberá cumplir con las condiciones impuestas por la corte. Esto incluye la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse cada 15 días ante las autoridades policiales.
Ernesto Baaclini, abogado defensor de Sosa, confirmó que se cumplió con el pago de la fianza y destacó que la resolución judicial se produjo después de una audiencia en la que se establecieron las condiciones para la libertad del jugador. Sin embargo, la situación no es tan favorable para sus compañeros de equipo, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, quienes permanecen detenidos y enfrentan 90 días de prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
La joven denunciante ha hecho declaraciones que han generado impacto en las redes sociales, detallando la angustiante experiencia vivida y expresando su determinación de buscar justicia. Ha denunciado filtraciones de información personal y ha cuestionado la versión de Sosa, quien afirmó estar dormido durante los supuestos hechos.
En sus declaraciones, la denunciante rechaza las acusaciones de consentimiento implícito y destaca que nunca expresó consentimiento para una situación de ese tipo. Además, señala discrepancias en las declaraciones de Sosa, quien en un momento afirma haber estado dormido y en otro dice haberla visto bien.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la justicia, el consentimiento y la responsabilidad en situaciones de presunto abuso sexual. Mientras algunos sostienen que la libertad de Sosa es un paso hacia la justicia, otros cuestionan la validez de las «reglas de conducta» impuestas y exigen una investigación más exhaustiva.