Lo que comenzó como una fiesta futbolística terminó en un escándalo con graves consecuencias. El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha iniciado un proceso de deportación contra al menos 2.000 hinchas colombianos que ingresaron ilegalmente al Hard Rock Stadium de Miami el pasado 14 de julio de 2024 para presenciar la final de la Copa América entre Colombia y Argentina.
El partido, que culminó con la victoria argentina gracias a un gol de Lautaro Martínez en tiempo suplementario, estuvo marcado por el caos fuera del campo. Más de 8.000 hinchas, en un intento desesperado por ingresar sin pagar, rompieron los anillos de seguridad, enfrentaron a las autoridades y generaron destrozos en los accesos del estadio. Estos incidentes provocaron un retraso en el inicio del encuentro y pusieron en riesgo la seguridad del evento.
Seis meses después, el Gobierno estadounidense ha intensificado su respuesta. Gracias a las cámaras de seguridad y los sistemas de reconocimiento facial, las autoridades lograron identificar a miles de los implicados en el incidente. La nueva administración de Trump ha decidido castigar con dureza a quienes violaron la ley, incluyendo la emisión de al menos 2.000 órdenes de deportación.
Según informes de Blu Radio, las sanciones no solo afectan a quienes están en territorio estadounidense, sino también a aquellos que huyeron a otros países, como Canadá. Investigadores han seguido sus rastros y, en algunos casos, han localizado a personas en lugares remotos. Además de las deportaciones, otros involucrados podrán conservar su estatus migratorio, pero enfrentarán multas que alcanzan los 20.000 dólares (más de 83 millones de pesos colombianos).
Esta situación ha llevado al Gobierno estadounidense a reforzar medidas de seguridad de cara a próximos eventos deportivos. Con el Mundial de Clubes en 2025 y el Mundial de Fútbol de 2026 en el horizonte, Estados Unidos busca evitar que se repitan situaciones similares. Para ello, ha establecido contacto con la FIFA con el fin de endurecer sanciones y prohibir el ingreso de quienes participaron en los desmanes.
La postura de la administración Trump es clara: cualquier acto de desorden será castigado severamente. La política de «cero tolerancia» pretende garantizar que los eventos deportivos en territorio estadounidense sean seguros y organizados, dejando un mensaje contundente para futuros torneos.